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El "pin parental" o la consagración de una educación "a la carta"

 

Imagen de Katerina Holmes (pexels.com)

Quienes me conocen o me leen saben de mi defensa constante de las bondades de la familia. Es la proveedora principal de recursos para cubrir las necesidades de las personas; desde el sustento al afecto, pasando por el apoyo de todo tipo para que sus miembros obtengan el mayor bienestar posible en este mundo. Y la responsabilidad de dirigir la educación que precisa cada individuo en sus primeros años de vida hasta alcanzar su autonomía recae, sobre todo, en los progenitores. Esta postura la he defendido reiteradamente allí donde he tenido ocasión, como psicólogo y como padre, con una trayectoria que ronda los treinta años en el desempeño de ambos roles.


Pero ser proveedor principal no es lo mismo que exclusivo: El Estado también debe contribuir a garantizar la subsistencia y a promover el bienestar de la ciudadanía, a menudo con la colaboración de organizaciones de diversa índole que nutren la sociedad civil (instituciones religiosas y laicas; voluntariado de ONGs, etc.). También es responsabilidad del Estado proporcionar una educación básica a los individuos inspirada en valores universales que los prepare para convivir en una sociedad democrática.

Que el Estado vele por la satisfacción y el cumplimiento de tales necesidades y derechos permitirá que se corrijan disfunciones en aquellas familias donde se hace dejación de esta responsabilidad, cuando por distintas circunstancias no se dispensen los cuidados mínimos exigibles en su seno. Por ello las leyes anteponen el interés superior de los menores a los derechos que como padres y madres podamos atribuirnos. Conviene recordar en este punto que somos tutores de nuestros hijos, no dueños de sus vidas ni de su albedrío.


Por otro lado, el Estado tampoco es garante privativo y excluyente de los derechos y necesidades de los que los más jóvenes son acreedores. Partimos de la referencia a unos poderes también sujetos a controles y límites, como es el caso de un Estado democrático -y social- de derecho regulado en la Constitución Española, norma fundamental bajo la que toda la ciudadanía de este país debe regirse.


Así pues, el éxito de un itinerario educativo diseñado para convertir aprendices de ciudadanos en personas cívicas, con juicio propio y espíritu crítico, dependerá del equilibrio de influencias procedentes del ámbito familiar, escolar y social.

Desde esta perspectiva, considero que no es pertinente una educación “a la carta”, según gustos y pareceres, como la que derivaría del establecimiento del llamado “pin parental”, medidas de consentimiento o autorización expresa de los progenitores permitiendo o denegando la participación de sus hijos en cada actividad complementaria que se incluya en el currículo escolar de cada centro, empezando por las que se imparten por personal ajeno al claustro de profesores.


Moviéndonos entre el mundo de lo inverosímil y lo posible, ¿será potestad de los padres decidir si es apropiado que sus hijos asistan o no a una charla sobre “ciber-acoso” impartida por agentes expertos de la Policía? ¿O tal vez será opinable la participación de los estudiantes en actividades prácticas de educación vial organizadas por responsables municipales? ¿Dejamos en manos de algún padre “terraplanista” y/o “creacionista” el permiso para que sus hijos puedan asistir a actividades divulgativas sobre Astronomía y Biología en el museo de las ciencias local? ¿Es opinable la importancia, la necesidad y el derecho de nuestros hijos a conocer el Sistema Solar y la Evolución de las Especies hasta donde nos permiten los avances de la ciencia actual?
Y llevando la lógica del derecho a elegir de los padres más allá del currículo académico, ¿podríamos asumir también que alguna madre “anti-vacunas” decida no vacunar a su hijo durante la campaña de vacunación escolar; o que algún padre “testigo de Jehová” impida que a su hija le hagan una transfusión de sangre cuando corre peligro su salud y hasta su vida?


Organizaciones como el Foro de la Familia en Murcia alegan que la intención de esta medida del “pin parental” es impedir la ideologización y el adoctrinamiento. Entiendo que se refieren a las que provengan de gobernantes no afines a su propia ideología y/o a la posible doctrina religiosa del culto al que sean fieles, claro. Y el foco de la batalla que les mueve parece centrado en sustraerse a las actividades formativas en el ámbito de la educación sexual, el respeto a la diversidad y a los derechos humanos… Llamativo, y preocupante.


Cabe replicar, entre otras cuestiones, que existen mecanismos de control y participación que dan protagonismo a las familias en el ámbito de la comunidad educativa, como son las AMPAS y los Consejos Escolares. Son órganos de representación democrática donde las familias tienen voz y voto. Es en esos foros donde se puede y se debe debatir cómo se concretan en cada territorio y en cada centro determinados aspectos acerca de los objetivos y los contenidos curriculares plasmados en el Plan de Centro, así como cuestiones relativas a la convivencia y el funcionamiento del mismo.


Ciertamente se podrá argumentar que el poder de decisión de esos órganos de representación de las familias es limitado; y que estas han perdido peso en los últimos años en el ámbito de los consejos escolares. Igualmente se puede alegar que las instituciones del Estado administradas por el gobierno de turno dejan mucho que desear en la aplicación de políticas educativas que deberían inspirarse en la vocación de universalidad y de respeto a la pluralidad que impregnan la Carta Magna y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y no en intereses partidistas o en enfoques sectarios. Pero, según yo lo veo, pretender neutralizar la arbitrariedad, el sectarismo, la prepotencia o el gregarismo del que unos actores acusan a otros en el escenario educativo autorizando el ejercicio de un veto a discreción -el “pin parental”- es un error.


La solución, a mi entender, pasa por que la sociedad española apremie a sus representantes para que asuman de una vez por todas la tarea necesaria y urgente de consensuar unos principios mínimos, básicos y universales basados en la traslación de los mandatos recogidos en la Constitución y en el Derecho Internacional suscrito por el Estado español a una realidad histórica y social en constante evolución.


Las sociedades modernas y globalizadas incluyen cada vez más familias de diversa procedencia y mentalidad, con diferentes aspectos, creencias e ideologías. Para fomentar la cohesión, la cooperación y la convivencia pacífica en este contexto, debemos redoblar esfuerzos por identificarnos de forma unánime con esos principios morales comunes consensuados previamente, regulados en leyes y normas emanadas de la voluntad de la mayoría. Una mayoría que, en democracia, ha de respetar desde luego a las minorías, pero salvaguardando -como ya he apuntado- a través de la educación el cumplimiento de los preceptos morales que deberá observar el conjunto de la ciudadanía.


Esto solo se puede lograr afianzando una educación que asegure unos fundamentos éticos compartidos, blindando un currículo básico transversal de formación en valores que nadie esté legitimado para boicotear: ni las confesiones religiosas, ni los partidos políticos, ni “lobbies” de diferente naturaleza, ni familia ni sujeto alguno, que deliberadamente confundan el valor sagrado de la libertad con la imposición de su punto de vista particular sobre el interés general de la sociedad.


De este modo, formaremos y educaremos a nuestras hijas e hijos para que aprendan a desenvolverse en un entorno plural donde la discrepancia es legítima e imperan la promoción del conocimiento y la ciencia, la cultura de la negociación, el consenso, la tolerancia, la solidaridad y la convivencia, inspiradas esencialmente en los principios de igualdad, justicia y libertad que, en contra de lo que desde algunas tribunas “tuiteras” se quiere dar a entender, no son principios antagónicos e incompatibles, sino precisamente lo opuesto.